Los casos involucran a funcionarios, asesores y empleados públicos de la Legislatura, municipios y organismos estatales. Una concejala de Córdoba afirmó que fallaron los controles en distintas etapas y propuso actualizar certificados de antecedentes de forma periódica.
En lo que va de 2026, cinco casos vinculados a denuncias e investigaciones por abuso sexual que alcanzaron a funcionarios, asesores y empleados públicos volvieron a poner en discusión los mecanismos de control dentro del poder cordobés. Los expedientes, que atraviesan la Legislatura, municipios y organismos estatales, abrieron un interrogante sobre las razones por las cuales estas situaciones no son detectadas a tiempo.
Los nombres mencionados en el marco de estas causas son José Villarreal, Omar Manuel Ludueña, Pablo Marcos Ortiz, Claudio Barrelier y el legislador Ernesto «Cañito» Flores, quien solicitó licencia a partir de una investigación judicial.
Para la concejala de Córdoba Elisa Caffaratti, el problema no responde a una única falla, sino a un sistema que presenta deficiencias en distintas etapas. «Claramente han fallado los controles. Tenemos casos gravísimos», sostuvo en diálogo con Perfil Córdoba.
La edil distinguió dos situaciones diferentes. Por un lado, los asesores políticos contratados por legisladores, cuyos vínculos laborales dependen de cada mandato. Allí recordó el caso de personas que, según señaló, ya registraban antecedentes o imputaciones al momento de ser incorporadas. «Hablamos de los empleados contratados por los legisladores, que entran y se van con los legisladores. Hemos tenido casos gravísimos. Hubo personas que ingresaron como asesores teniendo antecedentes e imputaciones previas al momento de ser contratados. Ahí fallaron los controles», afirmó.
Según explicó, a partir de esos episodios comenzaron a exigirse certificados de antecedentes penales, buena conducta y de deudor alimentario para determinadas incorporaciones. «Los empleados de planta presentan las certificaciones cuando ingresan, pero después no existe un control periódico de su situación. Ahí también hay una falla».
Como ejemplo, mencionó el caso de Omar Ludueña. «Entró con los certificados limpios. Si tenía denuncias, esas denuncias no eran comunicadas automáticamente al empleador, en este caso la Legislatura de Córdoba. Evidentemente hay una falla grande en el sistema».
«Hay un sistema que está fallando por todos lados, en toda la cadena. Incluso hoy pedís un certificado en la Policía de Córdoba y te dan turno para octubre para retirarlo», reclamó. Y explicó que una persona puede haber ingresado correctamente a la administración pública y ser denunciada años después sin que su empleador tome conocimiento.
«No alcanza con presentar un certificado una sola vez»
Caffaratti consideró que el Estado ya dispone de herramientas que podrían utilizarse de forma más eficiente.
«Hay herramientas, pero no se están usando adecuadamente. Se podría exigir la actualización de los certificados cada seis meses o una vez al año. Hoy se presentan una sola vez al ingresar y después quedan ahí para siempre». Y concluyó: «Es una cuestión dinámica. Nadie se ocupaba de verificar periódicamente los antecedentes de toda la planta, tanto transitoria como permanente».