La votación fue 49 a favor y 50 en contra de la denominada Ley de Claridad. Los demócratas argumentaron que el presidente Donald Trump mantiene inversiones personales en el sector que se verían favorecidas por la normativa.
El Senado de Estados Unidos rechazó este martes avanzar con una ley que establecería un marco regulatorio federal para la industria de las criptomonedas. La votación fue 49 a favor y 50 en contra de la denominada Ley de Claridad, que necesitaba 60 votos para superar esta fase.
Los senadores demócratas, con el apoyo de cuatro republicanos, bloquearon el avance de la iniciativa. El argumento principal fue que el presidente Donald Trump mantiene inversiones personales en el sector de activos digitales y se vería favorecido por la nueva legislación.
La Ley de Claridad busca establecer un marco federal para regular los activos digitales y delimitar las competencias de organismos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Los demócratas reclamaron mayores garantías para impedir que funcionarios públicos puedan beneficiarse de sus inversiones en criptomonedas. Su principal preocupación se centró en Trump, cuyos negocios relacionados con activos digitales generaron unos 1.400 millones de dólares en ingresos durante 2025, según datos citados durante el debate.
La senadora Elizabeth Warren sostuvo que el proyecto, en su versión actual, no impediría que el presidente continuara obteniendo beneficios de sus negocios de criptomonedas.
Los republicanos introdujeron antes de la votación nuevas disposiciones sobre ética, entre ellas una que permitiría a los fiscales generales estatales emprender acciones contra funcionarios federales que incumplieran las restricciones sobre la creación o promoción de activos digitales.
El texto también incorporó más de un centenar de cambios planteados durante las negociaciones con los demócratas, pero estos consideraron insuficientes las salvaguardas para evitar posibles conflictos de interés.
La votación supone un revés para una industria que ha convertido la aprobación de un marco regulatorio federal en una de sus principales prioridades políticas.
Con el receso del Congreso y las elecciones legislativas de noviembre cada vez más cerca, la iniciativa afronta ahora un camino incierto para ser aprobada este año.