La distribución de bancas en la Cámara de Diputados de la Nación no se actualiza desde 1983. Un decreto de la dictadura militar establece un piso de cinco legisladores por provincia y tres adicionales por distrito, lo que genera una sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas y una subrepresentación de las más habitadas. La Cámara Nacional Electoral ordenó en 2018 al Congreso corregir esta situación, pero el mandato no fue cumplido.
La Cámara de Diputados de la Nación mantiene desde 1983 la misma distribución de bancas, establecida por el decreto-ley 22.487 firmado por el dictador Reynaldo Bignone el 12 de julio de ese año. La norma fijó un diputado por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500, tres diputados adicionales por cada distrito, un piso de cinco diputados por provincia y la cláusula de que ningún distrito podría tener menos representantes que los que poseía el 23 de marzo de 1976.
Según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en la provincia de Buenos Aires se necesitan 250.000 votos para elegir un diputado, mientras que en Tierra del Fuego alcanza con 38.000. Esto implica que el voto de un ciudadano fueguino vale 6,5 veces más que el de un bonaerense. En la Ciudad de Buenos Aires, el voto pesa el doble que en la provincia de Buenos Aires.
La población argentina pasó de 29,3 millones en 1983 a 46 millones según el censo de 2022. A pesar de este crecimiento, la distribución de escaños no se modificó. La CNE calcula que la provincia de Buenos Aires debería tener entre 109 y 125 diputados, en lugar de los 70 actuales. Córdoba debería pasar de 18 a entre 25 y 28, y Santa Fe de 19 a entre 22 y 24. En contrapartida, provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, La Rioja y San Luis están sobrerrepresentadas.
En 2018, la Cámara Nacional Electoral emitió un fallo que ordenó al Congreso adecuar la representación al artículo 45 de la Constitución Nacional, que establece que la Cámara de Diputados debe ser un “espejo de la Nación”. El fallo señaló que la falta de actualización constituye una “geometría electoral pasiva”. Hasta el momento, el Congreso no ha cumplido con esa orden.
Existen distintos proyectos legislativos para modificar la distribución. La exdiputada Margarita Stolbizer propuso un diputado cada 140.000 habitantes y un piso de cuatro legisladores por provincia, lo que elevaría la Cámara a 334 miembros. El diputado Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, planteó mantener 257 bancas, reducir el piso a tres y fijar 210.000 votos por escaño. La exdiputada Carla Carrizo propuso en 2015 elevar a 290 bancas. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, presentó en 2016 una iniciativa para llegar a 323 diputados. El exdirector nacional electoral Alejandro Tullio sugirió elevar la base a 165.000 habitantes, lo que daría 297 bancas.
El politólogo Juan Manuel Abal Medina sostuvo que “existen opciones intermedias que permitirían moderar el ‘malapportionment’”, como aumentar la Cámara a 350 o 400 miembros. El juez electoral Alejo Ramos Padilla señaló que, si se aplicara la proporción de 1983, la Cámara tendría 359 diputados.
La jurista María Angélica Gelli calificó la ley 22.847 de “inconstitucional” y afirmó que “desnaturalizó el principio democrático y la garantía de la igualdad electoral”. El académico Andreas Schedler, en su libro “Elecciones sin democracia”, indicó que los gobiernos autoritarios pueden imponer reglas de representación que los beneficien.
El debate sobre la redistribución de bancas sigue pendiente en la agenda legislativa. La Cámara de Diputados mantiene 257 miembros, aunque la aplicación estricta de la norma vigente implicaría un aumento de entre 11% y 41% de los escaños.