El juez Alvin Hellerstein determinó que los pagos a Stormy Daniels constituyen actos privados y no están amparados por la inmunidad presidencial.
El juez de distrito Alvin Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, rechazó este viernes la solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para trasladar al fuero federal la causa penal del estado de Nueva York en la que fue condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. La resolución se emitió en cumplimiento de un mandato del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que había ordenado reevaluar la solicitud a la luz del fallo de la Corte Suprema de EE.UU. de julio de 2024 sobre inmunidad del Poder Ejecutivo.
En su escrito, Hellerstein sostuvo que los argumentos presentados por la defensa no eran «nuevos ni jurídicamente suficientes». Además, señaló que los hechos juzgados, vinculados al pago de 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels para evitar la difusión de un escándalo durante la campaña electoral de 2016, no constituyen un acto oficial. «De ninguna manera las conversaciones sobre pagos para silenciar a personas y encubrir la relación del presidente con Stormy Daniels pueden considerarse un acto oficial. Una aventura extramatrimonial, o el encubrimiento de una, no entra dentro del ámbito de las responsabilidades oficiales del presidente», afirmó el magistrado.
El tribunal negó por tercera vez el traslado del proceso penal desde la corte estatal de Nueva York hacia el fuero federal y ratificó que la doctrina de inmunidad presidencial resulta inaplicable para este expediente. La resolución indicó que las gestiones y reembolsos efectuados al exabogado Michael Cohen constituyen actos estrictamente privados y personales, ajenos al ejercicio de la función pública.
Hellerstein también cuestionó la estrategia procesal de la defensa, que acudió en primera instancia ante el juez estatal Juan Merchan antes de activar la vía federal. El juez reprochó que el equipo legal buscara «dar dos mordiscos a la manzana», y remarcó que los tribunales federales de distrito no funcionan como órganos de certificación para corregir estrategias procesales desfavorables.
El equipo jurídico de Trump emitió un comunicado en el que calificó la orden de «infundada e ilegal» y afirmó que «la histórica decisión de la Corte Suprema sobre inmunidad exige que esta caza de brujas perpetrada por la fiscalía de Manhattan sea trasladada a un tribunal federal y revocada de inmediato». La defensa formalizó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.
Trump fue sentenciado en enero de 2025 a una exención incondicional, lo que evitó penas de prisión o sanciones económicas. La condena por los 34 cargos sigue vigente mientras continúan los recursos de apelación tanto en el sistema de tribunales del estado de Nueva York como en las instancias federales superiores.