La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba es escenario de nuevas presentaciones judiciales. La secretaria Celina Laje Anaya denunció a los vocales Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi por presunta manipulación de fechas en la causa Luz y Fuerza. En paralelo, Montesi designó un nuevo defensor.
La causa penal contra los vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, registró nuevas presentaciones. La secretaria del tribunal, Celina Laje Anaya, presentó una denuncia contra ambos magistrados por un presunto hecho ilícito. Además, Montesi decidió cambiar su equipo de defensa y designó al abogado Tristán Gavier.
El abogado Gavier confirmó que asumió la representación de Montesi, reemplazando a Manuel Calderón Meynier e Ivana Rossi, quienes integraban el equipo de José Cafferata Nores. Cafferata Nores continúa defendiendo a Sánchez Torres.
La denuncia de Laje Anaya, patrocinada por Claudio Orosz, se refiere a una presunta maniobra de «forum shopping» en la causa conocida como «Molina Herrera», vinculada a dirigentes del gremio Luz y Fuerza. Según la denuncia, se habrían manipulado las fechas de emisión de votos para forzar una integración del tribunal que resultara favorable a la confirmación de procesamientos.
El relato de la denuncia indica que el juez Eduardo Ávalos emitió su voto el 11 de septiembre de 2023, y la jueza Montesi el 7 de noviembre del mismo año. De acuerdo con el Reglamento 316/2023, el tercer voto correspondería a la jueza Liliana Navarro. Sin embargo, Montesi habría retenido el expediente y simulado que su voto fue entregado el 4 de diciembre de 2023, para que el tercer voto lo emitiera su pareja, Sánchez Torres.
Laje Anaya señaló que se realizaron cancelaciones de pases en el sistema informático para ocultar que el voto de Montesi estaba listo desde noviembre. La propia secretaria emitió un certificado en papel que constata la fecha real del voto (7 de noviembre), lo que la denuncia considera una prueba clave.
El resultado de esa votación fue el procesamiento del dirigente sindical Andrés Chianalino por malversación de caudales públicos, con el voto de la mayoría integrada por Sánchez Torres y Montesi, mientras que Ávalos votó en minoría.
Orosz calificó la acción como «conducta fraudulenta» y abuso de autoridad, y solicitó que la denuncia se investigue por separado. Además, adelantó que entregará material probatorio en formato de audio cuando el Ministerio Público Fiscal lo requiera.
En su carácter de defensor de Montesi, Tristán Gavier opinó que existe «un patrón» en las presentaciones contra su defendida. Sostuvo que «cuando la causa se aproxima a una decisión que podría no favorecer a la querella, aparece una nueva denuncia contra magistrados, funcionarios o testigos». Respecto a la causa Luz y Fuerza, afirmó que «el certificado invocado por la denunciante contradice aspectos centrales de su propio relato» y que «el objetivo es generar sospecha y presión sobre quienes deben declarar o resolver». Gavier indicó que responderán con documentos, fechas y constancias oficiales, y pidió que la causa se decida exclusivamente por la prueba y el derecho.