El Boletín Oficial bonaerense autorizó al municipio de General Rodríguez a utilizar equipos de fotomultas provistos por Tránsito Seguro S.A., empresa mencionada en una investigación federal. La autorización no implica una declaración sobre las causas judiciales en curso.
Buenos Aires, 31 julio (NA) – El municipio de General Rodríguez fue autorizado a utilizar equipos de fotomultas provistos por Tránsito Seguro S.A., según una disposición publicada este 31 de julio en el Boletín Oficial bonaerense. La empresa figura en una investigación federal que analiza convenios de once municipios bonaerenses con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La disposición, emitida por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, habilita al municipio a emplear equipos de constatación de infracciones en los puntos incluidos en el expediente administrativo. El texto identifica a Tránsito Seguro como proveedora registrada ante la Provincia.
La autorización administrativa no constituye una declaración sobre las investigaciones judiciales ni prueba una irregularidad. Confirma que la compañía cumple el requisito formal de inscripción en el registro provincial de proveedores tecnológicos.
El Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, analiza convenios mediante los cuales municipios contrataron a la UNSAM para gestionar fotomultas. Esa casa de estudios trasladó tareas a su fundación y a empresas privadas. Un informe de la unidad anticorrupción de la Policía Federal, incorporado al expediente, describió una cadena entre municipios, UNSAM, FUNINTEC y Tránsito Seguro. La Justicia procura determinar si ese mecanismo provocó desvíos de recursos y si las subcontrataciones respetaron las normas aplicables.
La pesquisa estimó en alrededor de $1.900 millones el dinero supuestamente derivado durante 2024 dentro del conjunto investigado. Ese monto no corresponde exclusivamente a General Rodríguez. No existe una sentencia que determine que fue desviado ni que responsabilice penalmente al intendente Mauro García.
Tránsito Seguro negó las acusaciones y sostuvo que el informe no detectó irregularidades. La empresa señaló que el Tribunal de Cuentas bonaerense no formuló observaciones sobre esta materia en los fallos de cuentas de General Rodríguez y otros municipios. Afirmó además que sus equipos se encuentran homologados y que entregó la documentación requerida.
La autorización provincial permite el uso de los dispositivos, pero no sustituye la rendición de cuentas municipal. La Comuna deberá publicar el convenio vigente, su duración, el método de contratación, los porcentajes destinados a la Provincia, al Municipio y a cada operador, además de los costos de instalación, procesamiento y mantenimiento.
También corresponde informar la ubicación de cada cámara antes de que comience a labrar actas, los límites de velocidad aplicables, los certificados de homologación y calibración, la señalización preventiva y el mecanismo disponible para impugnar errores.
El Boletín Oficial recomienda realizar campañas de concientización antes de iniciar la constatación efectiva y repetirlas periódicamente. El intendente García deberá precisar cómo cumplirá esa condición y si las fotomultas ya tienen fecha de activación.