Organizaciones de taxis y remises de Mar del Plata manifestaron su descontento por no haber sido convocadas a las reuniones para definir la reglamentación de las aplicaciones de transporte, prevista para septiembre.
Buenos Aires, 30 julio (NA) – Entidades de taxis y remises de Mar del Plata expresaron su desacuerdo por no haber sido incluidas en las reuniones destinadas a definir la reglamentación de las aplicaciones de transporte, cuya entrada en vigencia está prevista para septiembre.
Pablo Sánchez, referente de la Sociedad de Conductores de Taxis y de Servitaxi, declaró este 30 de julio que el Ejecutivo convocó únicamente a un sector sindical y a representantes de las plataformas. Sánchez afirmó que la reunión debió incluir a todas las organizaciones con representación comprobable entre taxistas, remiseros y trabajadores del sector.
El planteo se realizó después de que el intendente Agustín Neme recibiera en su despacho a integrantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y a representantes de aplicaciones para avanzar en el diseño operativo de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.
Durante el encuentro se trataron el padrón de conductores y vehículos, la licencia profesional, el certificado de antecedentes, la identificación exterior de los autos y el límite de quince años de antigüedad. También se analizó el procedimiento de inscripción de las empresas en el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad.
La ordenanza comenzará a regir el 1° de septiembre y abrirá un plazo para que Uber, Cabify, DiDi y otras plataformas se adapten a las exigencias locales. La reglamentación establecerá cómo se controlarán los requisitos, qué información deberá aportar cada empresa y qué organismo municipal verificará a los conductores.
El cuestionamiento de Sánchez se refirió a la realización de una reunión con sectores afines. El Municipio no publicó previamente una convocatoria abierta, un listado de asistentes, una agenda de trabajo ni las actas de las reuniones.
La regulación se produce después de años de conflicto entre los servicios tradicionales y las aplicaciones. Los taxistas reclamaban igualdad de exigencias, mientras los conductores de plataformas pedían que la actividad dejara de ser perseguida como transporte ilegal.
El texto aprobado dispone que las empresas mantendrán responsabilidad sobre el registro de sus choferes. En el Concejo Deliberante todavía se discute un régimen específico de penalidades.
El Ejecutivo deberá informar qué entidades fueron invitadas, bajo qué criterio se seleccionaron y si habilitará una instancia pública antes de firmar la reglamentación definitiva. También tendrá que precisar quién verificará antecedentes, licencias, seguros, revisiones técnicas y antigüedad de los vehículos, además de establecer mecanismos para recibir denuncias de pasajeros y trabajadores.
La próxima etapa será la publicación del decreto reglamentario. Hasta entonces, las entidades excluidas reclaman participar antes de que las condiciones queden cerradas.