La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para solicitar la suspensión de su inhabilitación de por vida para ocupar cargos electivos, tras la condena en la causa Vialidad.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner busca revertir su inhabilitación electoral de por vida mediante una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Así lo anunció este miércoles su abogado, Carlos Beraldi, en una conferencia de prensa realizada en un hotel del centro porteño.
Beraldi explicó que la estrategia de acudir a organismos internacionales se debe a que, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a un recurso de queja en junio del año pasado, quedó clausurada la posibilidad de accionar en el ámbito judicial local. Dicho rechazo confirmó la condena del Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad y anuló la posibilidad de que Fernández de Kirchner se presentara como candidata a diputada bonaerense en las elecciones legislativas de 2025.
“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, afirmó la expresidenta en una carta abierta difundida horas antes de la conferencia.
En la presentación participaron Beraldi, el abogado brasileño Rafael Valim —especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos que integró el equipo de defensa de Lula da Silva— y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los tres conforman el equipo legal de la expresidenta.
Según informaron, la comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU ingresó a mediados de julio. En ella se solicita: la suspensión de la inhabilitación para presentarse como candidata; la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria —Borrego señaló que la exmandataria debe usar tobillera electrónica incluso dentro de su casa—; y la integración “de manera inmediata” de la Corte Suprema con sus cinco miembros, ya que desde diciembre de 2024 funciona con tres jueces.
“La comunicación individual presentada ante la ONU no es una agresión al Estado argentino, sino un mecanismo jurídico previsto en la Constitución. No queremos un tratamiento de excepción. Queremos que una ciudadana argentina sea tratada como corresponde”, declaró Valim.
Los abogados afirmaron que las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU son vinculantes para los Estados parte, como Argentina. Explicaron que el Comité puede emitir una medida cautelar sobre alguno o todos los puntos reclamados, mientras que el pronunciamiento de fondo podría demorar años.
No obstante, la Corte Suprema argentina falló en 2017 en la causa Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”. En esa ocasión, el juez Juan Carlos Maqueda emitió un voto en disidencia.
Consultados sobre por qué optaron por la ONU y no por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los abogados indicaron que consideraron que el Comité “tiene mayor efectividad”.
Sobre la condena en la causa Vialidad, el jurista español Borrego sostuvo que “hubo fraude en el procedimiento” y señaló la hostilidad del Poder Judicial local hacia la expresidenta por su condición de mujer. En ese sentido, retomó un argumento de la carta de Fernández de Kirchner: “Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.
Beraldi, por su parte, remarcó que a la expresidenta se le atribuye responsabilidad por dictar el decreto 54/2009, que incluyó como beneficiaria de un fideicomiso a la Dirección Nacional de Vialidad, y señaló que los presidentes no administran dinero de dicha Dirección. Subrayó que ese decreto continúa vigente.