La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ratificó la pena de seis meses de prisión para un soldado del Ejército de Tierra por insultar gravemente a su comandante durante un procedimiento interno en su unidad. Los hechos ocurrieron en mayo de 2022 en Huelva.
El Tribunal Supremo confirmó la condena a seis meses de prisión para un soldado del Ejército de Tierra por insultar gravemente a su comandante durante un procedimiento interno en su unidad. La sentencia fue dictada el 9 de julio de 2026 por la Sala de lo Militar, que rechazó todos los argumentos presentados por la defensa y ratificó la suspensión de empleo, cargo público y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2022, cuando el soldado fue citado en el Acuartelamiento El Picacho (Huelva) tras haber permanecido más de tres meses de baja médica. Al comunicársele que debía abandonar el alojamiento militar y someterse a una prueba de orina en el marco del Plan Antidroga del Ejército de Tierra, el soldado reaccionó de forma alterada. Ante esta reacción, el comandante lo siguió y le indicó que al menos firmara la negativa a realizar la prueba.
La tensión culminó en el patio del acuartelamiento, donde el soldado, alterado, profirió insultos graves en presencia de varios testigos. La frase, recogida en la sentencia, fue: “Que te den por culo, hijo de puta”. Acto seguido, se montó en el vehículo donde le esperaban y dijo: “Arranca, que nos vamos”, y se marcharon.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo consideró probado que la conducta del militar constituye un delito de insulto a superior, en su modalidad de injuriar gravemente en presencia, conforme al artículo 43 del Código Penal Militar. El fallo subrayó que la gravedad de la expresión utilizada, unida al contexto y a la publicidad del acto frente a otros militares, justifica plenamente la sanción penal.
La defensa del soldado alegó que la reacción se produjo bajo un estado de nerviosismo y alteración, producto de su baja médica y de la presión recibida al notificársele el desalojo y la obligación de someterse a la prueba. Solicitó la nulidad de la condena o la aplicación de eximentes y atenuantes por legítima defensa, provocación o arrebato. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que los hechos probados descartan cualquier agresión ilegítima o estímulo suficiente que justifique una disminución de la responsabilidad criminal. La sentencia también recordó que estas conductas, por su entidad, no pueden degradarse al ámbito disciplinario y deben ser sancionadas penalmente para proteger la disciplina y la jerarquía militar.