El Poder Ejecutivo remitió al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, tras constatar que la adhesión al régimen de exteriorización de ahorros fue menor a la esperada. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el objetivo es brindar mayores garantías jurídicas a los ahorristas, aunque especialistas en tributación señalaron que la desconfianza en el sistema financiero argentino persiste como principal obstáculo.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, luego de que la cantidad de ahorristas que ingresaron dólares al sistema financiero quedara por debajo de las expectativas oficiales. La iniciativa busca otorgar mayores garantías jurídicas a quienes exterioricen sus tenencias, según informó el Ministerio de Economía.
El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que el Ejecutivo decidió impulsar una nueva norma tras recibir observaciones de especialistas tributarios. “El objetivo es despejar las dudas que surgieron con la ley vigente y garantizar que quienes incorporen sus ahorros al sistema financiero queden protegidos independientemente de quién sea el gobierno de turno”, sostuvo Caputo.
El Banco Central estima que hay unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero argentino, según indicó Caputo. “A nivel de país, no nos sirve que la gente tenga dólares debajo del colchón”, afirmó el ministro, y agregó que formalizar esos fondos permitiría reducir impuestos sin aumentar la presión tributaria, en un contexto de récords de exportaciones y superávit comercial, con compras diarias del BCRA por 100 millones de dólares.
Caputo señaló que “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada” y que el propósito sigue siendo que esos fondos puedan formalizarse “sin ninguna penalidad de ningún tipo”.
Sin embargo, especialistas consultados coincidieron en que el problema excede la cuestión tributaria. Maximiliano Batista, socio de Martínez de Hoz & Rueda, afirmó que “el sistema bancario argentino es considerado menos seguro que los de otros países para los depósitos en moneda extranjera” y recordó antecedentes como el fallo “Peralta” de la Corte Suprema de 1990 y el corralito de 2001. “La solución es más económica que jurídica”, sostuvo.
El abogado tributarista Pablo Judkovski expresó que “la primera respuesta no es jurídica ni reglamentaria, sino económica”, ya que los capitales “migran hacia sistemas más robustos que aún la Argentina no ofrece”.
Daniel Ricardo García, director de LexTax Advisory, señaló que la Ley de Inocencia Fiscal mejoró algunos aspectos impositivos, pero “no consiguió eliminar el principal obstáculo: la desconfianza histórica del contribuyente frente al organismo de recaudación tributario”. Según datos de ARCA, hasta mayo se habían adherido aproximadamente 94.500 contribuyentes.
García consideró que el nuevo texto debería establecer un verdadero efecto liberatorio, impedir que los fondos exteriorizados se utilicen para reconstruir incrementos patrimoniales, coordinar reglas entre ARCA, el Banco Central, la UIF y las entidades financieras, y reforzar la protección de la información fiscal.
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó modificaciones al proyecto, como una suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales para pymes, reducción de multas durante el período de regularización y un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas con condonación parcial de intereses.
Los especialistas coincidieron en que una modificación legal no será suficiente para revertir el fenómeno mientras persistan dudas sobre la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la solidez del sistema financiero.