El partido Vox pidió a los servicios jurídicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía que elaboren informes sobre si la aplicación de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, invade competencias autonómicas.
Vox solicitó a los servicios jurídicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía la elaboración de informes para determinar si la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, puede constituir una invasión de competencias autonómicas. La petición fue promovida por los vicepresidentes autonómicos del partido en esas comunidades: Carlos Pollán (Castilla y León), Óscar Fernández (Extremadura) y Alejandro Nolasco (Aragón), así como por Manuel Gavira, quien asumió la vicepresidencia de la Junta de Andalucía este miércoles.
La medida forma parte de una estrategia institucional que Vox despliega desde hace meses contra la norma. El partido ya presentó recursos ante el Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central y las instituciones europeas. En esta ocasión, los informes solicitados deberán analizar el encaje competencial del procedimiento de concesión de nacionalidades derivado de la ‘ley de nietos’ y determinar si los gobiernos autonómicos disponen de instrumentos legales para actuar.
Según declaraciones del partido, el proceso de nacionalización se desarrolla de forma “opaca y sin control alguno” y facilita la incorporación “masiva y fraudulenta” de personas extranjeras al censo electoral. El Gobierno no comparte esas afirmaciones. Vox sostiene que el procedimiento “compromete la limpieza de futuros procesos democráticos”, en particular las elecciones generales previstas para 2027, y que incorpora al censo a personas que “nunca han residido en España ni tienen vínculos con las provincias donde se les estaría censando”.
El anuncio fue adelantado por el Ejecutivo extremeño y respaldado por la dirección nacional del partido, que enmarca esta actuación dentro de una ofensiva coordinada en niveles local, autonómico, nacional y europeo para frenar los efectos de la disposición. Óscar Fernández, vicepresidente de Extremadura, afirmó que la formación utilizará todas las vías institucionales a su alcance para impedir la aplicación de la norma, a la que calificó como parte de la “nefasta política migratoria” del Gobierno.