El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo reporta que la falta de inspectores, la precariedad salarial y las deficiencias técnicas limitan la supervisión de 25 millones de afiliados a la seguridad social en España.
La Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, enfrenta dificultades para controlar el fraude laboral debido a la escasez de personal, la precariedad salarial y la insuficiencia de recursos técnicos, según informaron representantes sindicales. El organismo debe supervisar a cerca de 25 millones de personas activas en España.
En 2022 y 2023, todos los estamentos de la Inspección de Trabajo se declararon en huelga por primera vez en su historia, lo que llevó al Ministerio de Función Pública a reforzar ligeramente las plantillas de inspectores. Sin embargo, Fernando Boró, miembro de la ejecutiva de la sección sindical de FSC-CCOO en el Ministerio de Trabajo, afirmó que las cifras actuales son “totalmente insuficientes” y están por debajo de los estándares internacionales.
El Registro Central de Personal del Ministerio de Función Pública, presidido por Óscar López, indica que Trabajo cuenta con 3.389 efectivos en toda España, de los cuales 2.200 son inspectores y subinspectores para atender a los 25 millones de afiliados a la seguridad social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda un inspector por cada 10.000 personas. Miguel Ángel Montero, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), señaló que en España hay un inspector por cada 15.000 personas, por debajo de la recomendación.
Desde CCOO recordaron que los subinspectores supervisan tanto a empresas como a personas trabajadoras, incluyendo a jubilados que continúan trabajando mientras reciben prestaciones, lo que también constituye fraude laboral.
CSIF identificó el problema en la falta de personal administrativo, necesario para el funcionamiento del organismo. Montero declaró: “El personal administrativo se suele jubilar a los 60 años porque cobra prácticamente lo mismo que trabajando. La gente se jubila, pero no entra gente nueva para cubrir la vacante”. En oficinas como las de Baleares, uno de cada dos trabajadores podría jubilarse en los próximos dos años debido a la insuficiencia salarial.
En 2025, CCOO presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, admitida a trámite en febrero, denunciando diferencias salariales entre las delegaciones autonómicas de Cataluña y País Vasco respecto al resto de España. El sindicato sostiene que estas modificaciones se acordaron sin diálogo sindical y describió la situación general en la Inspección de Trabajo como de “bloqueo”, con condiciones laborales impuestas unilateralmente.
Ambos sindicatos señalaron que, aunque el Gobierno renovó y entregó equipo informático nuevo, los funcionarios no pueden trabajar porque la intranet “se encuentra interrumpida por mantenimiento”. El Gobierno licitó un contrato para mejorar esta herramienta, pero los sindicatos indicaron que solo se encuentran con parches y fallos en el servicio.