El Poder Ejecutivo busca cubrir todas las vacantes de jueces nacionales y federales antes de fin de año, mientras avanza con un proyecto para acotar el mandato del Procurador General de la Nación. La integración de la Corte Suprema queda sin definición.
El Gobierno se propone cubrir las 300 vacantes de jueces nacionales y federales antes de fin de año, incluidas las de la Cámara Federal de la Capital y los tribunales orales federales. El plan busca asegurar la designación de postulantes afines al Ejecutivo en el 40% del Poder Judicial.
Paralelamente, la Casa Rosada impulsa una reforma para acortar el mandato del Procurador General de la Nación, actualmente vitalicio hasta los 75 años. Según fuentes legislativas, se evalúa establecer dos períodos de 4, 5 o 6 años. El cargo está vacante desde 2017 y lo ocupa interinamente Eduardo Casal.
El presidente Javier Milei no definió si avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en el segundo semestre o lo postergará hasta 2028. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó a Milei hace tres meses para sugerir que los candidatos provengan del Poder Judicial, en particular de la justicia federal.
Entre los nombres que circularon para la Corte figuran Mariano Borinsky, Karina Perilli, Agustina Díaz Cordero y María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica.
El proyecto de la senadora Carolina Moisés propone que el mandato del Procurador General sea de 8 años, con opción a 4 más, manteniendo el requisito de los dos tercios del Senado para su designación. Este proyecto forma parte de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición.
El Senado prevé tratar hasta 30 pliegos por sesión, con la primera sesión el 16 de julio. Ya se enviaron casi 140 pliegos y se espera completar los 300 antes de fin de año. Para la Cámara Federal, los candidatos favoritos son Pablo Yadarola, allegado al ministro Juan Bautista Mahiques, y Pablo Bertuzzi o Cecilia Incardona.
El juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio y su pliego no fue elevado para reválida. La aprobación de este concurso generó malestar en Lorenzetti, quien junto con Carlos Rosenkrantz propuso cambios en el reglamento de concursos, sin avances en el Consejo de la Magistratura.
En la Cámara de Casación Penal, el presidente Diego Barroetaveña busca ser reelecto, pese a que la ley del Consejo de la Magistratura prohíbe la reelección. Presentó una medida cautelar y su candidatura generó fisuras en la Asociación de Magistrados.