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El 3 de julio se recuerda la primera vez que las mujeres votaron en elecciones federales en México (1955), un hito legal alcanzado el 17 de octubre de 1953. Si bien la paridad en candidaturas es obligatoria desde 2014, persisten obstáculos como la simulación y la resistencia cultural.
La conmemoración de la primera vez que las mujeres votaron en México en unas elecciones federales (1955) se celebra cada 3 de julio, fecha que recuerda su reconocimiento legal el 17 de octubre de 1953.
Este hito permitió que las mujeres pudieran participar en las urnas y ser candidatas a cargos de elección popular. El sufragio femenino no surgió de la noche a la mañana. A lo largo del siglo XIX y XX, la lucha por el derecho a la ciudadanía fue parte de una ola internacional que se consolidó cuando más de 80 países aprobaron este derecho durante el siglo pasado. En México, la demanda se fortaleció especialmente en el periodo posrevolucionario.
La conquista formal del voto femenino tuvo antecedentes en los años treinta, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando tanto la Cámara de Diputados como el Senado comenzaron a reconocer la importancia de la participación política femenina. Sin embargo, la reforma constitucional quedó pendiente hasta 1953, en el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, tras décadas de movilización y presión social.
Según la investigadora María Marván Laborde de la UNAM, hubo partidos que consideraban innecesario reconocer este derecho, pues asumían que las familias votarían en bloque. En 1947 se permitió la participación de las mujeres exclusivamente en elecciones municipales, motivados por el temor de que su voto favoreciera posturas conservadoras e influenciado por su supuesta cercanía con la Iglesia. No fue sino hasta 1953 cuando se estableció el sufragio universal.
El acceso formal a este derecho no garantizó la igualdad real. Tras la reforma, persistió una cultura política patriarcal y resistencia a la inclusión femenina en puestos de decisión. Para reducir la brecha de género en la representación política, se implementaron acciones afirmativas y cuotas de género que, a partir del año 2000, se volvieron obligatorias.
Desde 2014, la paridad en las candidaturas es una realidad: los partidos están obligados a postular el 50 % de mujeres y el 50 % de hombres para cargos de elección popular. Este ajuste legal ha permitido que el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales sean hoy espacios paritarios. En 2014, solo el 26 % de las diputaciones locales y el 7 % de las presidencias municipales estaban ocupadas por mujeres. Actualmente, esas cifras han aumentado a 54 % y 29 %, respectivamente, y el Congreso federal ha alcanzado la paridad total.
No obstante, la práctica de la “paridad simulada” (designar a mujeres como titulares y a hombres como suplentes para que estos últimos asuman el cargo tras la renuncia de las primeras) muestra que los desafíos persisten. Las resistencias estructurales, el sexismo y la misoginia continúan limitando el acceso de las mujeres a los espacios de poder, lo que obliga a adaptar la legislación y a fortalecer las políticas públicas para consolidar la participación femenina en la vida política de México.