El Gobierno de la República Democrática del Congo presentó una demanda contra Ruanda ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de derechos humanos en el este congoleño.
Nairobi, 26 jun (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) demandó este viernes a Ruanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio y otras violaciones de derechos humanos en el este congoleño, tanto de forma directa como a través de grupos armados aliados.
Según un comunicado del Ministerio de Comunicación, Kinsasa acusó a Kigali de «violar» la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).
«Durante más de tres décadas, las poblaciones civiles del este de la RDC han sido sometidas a masacres, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, violencia sexual, desplazamientos forzados y discriminación basada, entre otras cosas, en el origen étnico y el sexo», reza el texto.
Las autoridades congoleñas también consideraron que Ruanda llevó a cabo estas acciones a través de sus Fuerzas Armadas y de grupos rebeldes como la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Mayo (AFC/M23), la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL), la Agrupación Congoleña para la Democracia (RCD) o el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP).
«Estas operaciones se dirigieron, entre otros objetivos, contra campos de refugiados, aldeas y centros urbanos en la parte oriental del país, causando pérdidas masivas de vidas humanas, desplazamientos a gran escala de poblaciones civiles y sufrimientos de una magnitud excepcional, en violación de las normas más fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos», añadió el Gobierno.
Al considerar que el Gobierno ruandés tiene «responsabilidad internacional por estas violaciones», Kinsasa consideró que la CIJ debe ordenar «el cese de los hechos internacionalmente ilícitos, prescribir garantías de no repetición y conceder una reparación íntegra a la RDC y a las víctimas, de conformidad con el derecho internacional».
El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte y, semanas después, de Bukavu en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.
Desde que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ratificó el pacto de junio (rubricado a nivel ministerial), ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.
Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.
Desde 1998, el este de la RDC -rico en minerales esenciales para la industria tecnológica- vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE