Un tribunal de Málaga determinó que hubo negligencia médica durante una colonoscopia realizada a un menor de 8 años en el Hospital Materno Infantil de Málaga. El fallo ordena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) pagar una indemnización de 183.000 euros al niño y a sus padres.
Un tribunal de Málaga condenó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar 183.000 euros de indemnización a un niño de 8 años y a sus padres. El fallo, dado a conocer por la asociación El Defensor del Paciente, establece que hubo una negligencia médica durante una colonoscopia realizada al menor en el Hospital Materno Infantil de Málaga. La mala praxis dejó al niño secuelas de por vida tras sufrir una perforación de colon y dos operaciones de urgencia.
El menor padecía la enfermedad de Klippel-Trénaunay, un trastorno congénito que causa malformaciones vasculares. Esta condición había requerido siete cirugías previas, todas con buen resultado. Debido a su delicado estado de salud y antecedentes médicos, los especialistas debían adoptar medidas de precaución antes del procedimiento. Según la sentencia, los protocolos de seguridad no se cumplieron adecuadamente.
El abogado Damián Vázquez, especialista en derecho sanitario y colaborador de El Defensor del Paciente, declaró que la colonoscopia se practicó sin contar con los análisis de coagulación del menor, a pesar de su historial de sangrado y malformaciones. El laboratorio no pudo analizar la primera muestra de sangre por un error en la toma. Sin tener los resultados, el procedimiento comenzó a las 10:45. La analítica llegó al laboratorio minutos después y los resultados estuvieron disponibles a las 12:08. El médico responsable admitió en el juicio que fue informado “por teléfono” durante la intervención.
Durante la colonoscopia se presentaron complicaciones: dificultades técnicas, sangrado y una perforación del colon. Pese a estos signos de riesgo, el procedimiento continuó. Tras la intervención, el niño fue llevado a reanimación. A las 16:00 horas recibió medicación intravenosa para el dolor y, pese a las señales de alerta, recibió el alta médica ese mismo día.
El consentimiento informado para la prueba fue entregado a la madre del menor 15 minutos antes de iniciar la colonoscopia y fue presentado por personal de enfermería, no por un médico. El abogado alegó en sede judicial que la familia no tuvo tiempo suficiente para leer ni comprender el documento, lo que vulneró las garantías legales que regulan este procedimiento.
Horas después de haber vuelto a casa, el niño comenzó a tener vómitos, fiebre, dificultad respiratoria, distensión abdominal y torácica. Según la sentencia, su familia lo llevó de urgencia al hospital, donde se le diagnosticó una perforación intestinal y un cuadro de neumoperitoneo masivo, que requirió dos cirugías inmediatas y transfusiones de sangre. El menor permaneció ingresado más de tres semanas, sufrió una infección por candidiasis y debió pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos.
Las consecuencias para el niño son permanentes. Según el letrado, padece trastornos funcionales intestinales, incontinencia, prolapso y sintomatología ansiosa severa que afectan su vida cotidiana. La sentencia judicial reconoce la responsabilidad del SAS por la hospitalización, los días de recuperación y las secuelas físicas y psicológicas. La resolución aún puede ser recurrida en apelación.