La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, incluyó en el presupuesto del año fiscal 2027 una ley que habilita acciones judiciales contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se vulneren derechos de migrantes.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, incorporó en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 un conjunto de leyes destinado a “proteger a los neoyorquinos de la aplicación agresiva de la ley federal de inmigración”, según un comunicado oficial. La medida permite a los migrantes demandar a agentes del ICE cuando se violen sus derechos.
Según el anuncio del gobierno estatal, anteriormente era posible denunciar a funcionarios estatales y locales, pero las acciones legales contra oficiales federales estaban limitadas bajo la ley vigente. El objetivo principal de la nueva disposición es responsabilizar a los agentes migratorios por “abusos de poder o extralimitaciones en sus funciones”.
“Los abusos flagrantes de poder por parte del ICE no se tolerarán en Nueva York. Por eso hemos promulgado un conjunto integral de políticas para exigirle responsabilidades al ICE”, declaró Hochul. La gobernadora agregó que esta legislación podría servir de modelo para que otros estados impulsen reglas similares.
Fin de acuerdos 287(g) con el ICE en Nueva York
El plan presentado por Hochul también introduce límites a la cooperación policial con las autoridades federales:
- Prohíbe a gobiernos locales, policía y servicios penitenciarios firmar acuerdos 287(g) o similares con el gobierno federal que permitan el uso de personal e instalaciones policiales para control migratorio civil.
- Impide pagar o contribuir a costos relacionados con la construcción, propiedad u operación de centros de detención de inmigrantes.
- Prohíbe modificar la zonificación para permitir la edificación o uso de instalaciones como centros de detención sin participación pública.
- Restringe el uso de agencias civiles estatales, locales y recursos de escuelas públicas para actividades de control migratorio civil.
- Limita la interrogación o investigación de personas únicamente con fines migratorios, salvo que lo exija una orden judicial federal o la ley.
- Prohíbe a oficiales locales divulgar información personal a autoridades de inmigración, conceder acceso a áreas restringidas de instalaciones públicas o utilizar a funcionarios del ICE como intérpretes.
- Impide trasladar a un estudiante a custodia migratoria.
Mascarillas y zonas sensibles: nuevas restricciones al ICE
La ley también prohíbe a funcionarios estatales, locales y federales usar cubrebocas al interactuar con el público, práctica cuestionada durante operativos de 2025. El comunicado aclara que se excluyen el equipo táctico necesario, las gafas de sol y las mascarillas médicas. Infringir la ley deliberadamente constituye una infracción; la reincidencia es un delito menor.
Además, se restringe a todos los empleados civiles estatales, locales y escolares permitir el acceso a áreas no públicas de instalaciones estatales a las autoridades de inmigración sin una orden judicial.