El PSOE no ha iniciado el proceso de suspensión de militancia contra José Luis Rodríguez Zapatero tras la apertura de diligencias por parte de la Audiencia Nacional. El partido argumenta que no existen pruebas concluyentes, mientras que en casos anteriores como los de José Luis Ábalos y Santos Cerdán se aplicaron medidas disciplinarias de forma inmediata.
El PSOE no ha iniciado el proceso de suspensión de militancia contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, luego de que la Audiencia Nacional abriera diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de dinero. Fuentes de Ferraz sostienen que no existen “pruebas concluyentes” que lo incriminen, por lo que mantienen su respaldo al exmandatario.
El artículo 90.2 de los Estatutos Federales del PSOE establece la suspensión cautelar de la militancia en casos de procedimientos penales abiertos. Sin embargo, el último Congreso Federal del partido, celebrado en diciembre de 2024, incorporó una “cláusula antilawfare” que permite blindar a militantes imputados si se considera que la causa judicial tiene “fines políticos”. Esta cláusula fue activada previamente para el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, vinculado a la investigación por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
En contraste, el partido aplicó medidas disciplinarias con rapidez en los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización, fue instado a entregar su acta de diputado en un plazo de 24 horas tras la detención de su exasesor Koldo García, sin que en ese momento figurara como imputado. La cúpula socialista argumentó “responsabilidad política”. Santos Cerdán, sucesor de Ábalos, fue suspendido luego de que la Unidad Central Operativa (UCO) emitiera un informe con su nombre, también sin imputación formal.
El mismo criterio se aplicó en casos de presunto acoso sexual en federaciones territoriales, como los de Antonio Navarro (Torremolinos), Diego Manuel Agüera (La Algaba) y otros concejales, por vulneraciones al reglamento de conducta cívica y ética de los Estatutos Federales.
Zapatero está citado a declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional por indicios que lo vinculan a la gestión de ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros. El Gobierno espera que su declaración aclare su situación, mientras se anticipan nuevas revelaciones en la investigación.