El Gobierno regional decidió no apelar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reconoce una compensación adicional de 89.608,43 euros a una pareja de San Fernando de Henares por la pérdida de su vivienda debido a las obras de la línea 7B de Metro.
La Comunidad de Madrid informó que no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que otorga una indemnización adicional a una pareja de vecinos de San Fernando de Henares que perdió su vivienda por los daños ocasionados por las obras de la Línea 7B de Metro. Según fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, el fallo «confirma sustancialmente» los criterios jurídicos sostenidos por la Administración durante el proceso.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, reconoce un pago adicional de 89.608,43 euros a los afectados, elevando la compensación total a 362.051,45 euros. El procedimiento contencioso en el TSJM agrupa 28 demandas vecinales.
Desde el Ejecutivo regional señalaron que consideran «razonable y legítimo» que los tribunales, en ejercicio de su facultad de valoración, fijen una indemnización algo superior a la inicialmente determinada por la Administración. El tribunal rechazó o inadmitió pretensiones adicionales de los vecinos relacionadas con fiscalidad, gastos periciales, gastos jurídicos o gastos de la asociación.
Las diferencias entre la posición de la Comunidad y el fallo se limitan «exclusivamente» a cuestiones de valoración económica y apreciación probatoria. El TSJM optó por asumir la tasación aportada por la parte demandante en lugar de la realizada por la tasadora Tinsa, y aumentó moderadamente la valoración del mobiliario y del daño moral o psicológico.
El caso corresponde a una vivienda situada en la calle Rafael Alberti de San Fernando de Henares, declarada en ruina y demolida tras los daños causados por la prolongación de la Línea 7B de Metro entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares.
La Comunidad de Madrid había reconocido en 2023 una indemnización de 272.443,02 euros por la pérdida del inmueble, el mobiliario y los daños morales. Los afectados recurrieron al considerar insuficiente la valoración. La sentencia incrementa la indemnización por daños morales al considerar acreditado el sufrimiento padecido durante años de incertidumbre por el estado de la vivienda y el impacto emocional del desalojo y demolición.