La querella pidió la prisión preventiva para el empresario teatral Aldo Funes y para Sandra Cárpena, madre de la víctima, en el marco de una causa por abuso sexual agravado.
Buenos Aires, 21 de mayo (NA) – La querella solicitó la prisión preventiva para el empresario teatral Aldo Funes, procesado por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado, y para Sandra Cárpena, madre de la víctima y coimputada en la causa.
Según el documento judicial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Funes está acusado de tres hechos ocurridos entre 2013 y 2014, cuando la víctima, Brisa Póvolo, tenía 15 años. Los hechos habrían ocurrido en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires, en cercanías de teatros donde Funes ejercía representación de obras teatrales, mediante el ejercicio de violencia y amenazas.
Actualmente, Cárpena se encuentra detenida pero próxima a recuperar la libertad, ya que la pena que cumple está vinculada con una extorsión contra Funes, a quien solicitó dinero a cambio de no denunciarlo. No obstante, la acusación sostiene que ella habría facilitado el contacto entre el adulto y su hija.
La querella consideró que la calificación penal vigente es incompleta y reclamó agregar agravantes, entre ellos el sometimiento ultrajante que resultó en daño a la salud mental de la víctima, y que la víctima estaba bajo custodia del imputado. Se mencionaron dos intentos de suicidio y la participación de dos personas en los hechos.
La solicitud de prisión preventiva se fundamenta en que la pena mínima sería de ocho años de prisión, lo que dificultaría la excarcelación o beneficios. El embargo fijado es de 600 millones de pesos para cada imputado, monto que la querella considera insuficiente al no contemplar daño psicológico ni indemnización civil.
Sobre Cárpena, la acusación argumentó antecedentes condenatorios, riesgo de entorpecimiento, intentos de contacto con la víctima a través de su pareja, falta de arraigo y la existencia de otra causa con peligros procesales. También señaló que, de recuperar la libertad, podría hostigar nuevamente a la víctima y a su hermana.
En cuanto a Funes, se destacó su poder económico, notoriedad pública, capacidad para salir del país por su red de contactos nacionales e internacionales y la posibilidad de ocultarse o fugarse. La querella cuestionó que el juez haya valorado la edad del empresario para no dictar la prisión preventiva y propuso, en caso de concederse, arresto domiciliario con tobillera electrónica.