La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del BICE por presuntas irregularidades en la valuación y licitación de la empresa estatal Intercargo.
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y licitación de la empresa estatal Intercargo, en el marco del plan oficial de privatizaciones.
La presentación judicial fue radicada este jueves y quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3. Según el escrito, se imputan los delitos de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados a la determinación del precio base de venta de la compañía.
El conflicto se centra en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo, que fijó un precio base para la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares. Esa cifra, según el sindicato denunciante, resulta “inexplicable” frente a los indicadores económicos recientes de la empresa.
Intercargo es la firma estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra a aeronaves en aeropuertos argentinos. Ha mantenido resultados positivos en sus balances recientes y posee activos significativos, lo que la vuelve atractiva para inversores privados.
La tasación oficial fue realizada por el BICE utilizando el método de flujo de fondos descontados. Sin embargo, desde APA cuestionan la elección de esa entidad para determinar el valor de la empresa, señalando que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición en tasaciones públicas.
La denuncia se inscribe en un contexto de fuerte controversia por la política de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, en cumplimiento de la Ley Bases. Esa normativa habilitó la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional.
En su denuncia, la APA sostuvo que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico para el Estado y denunció un presunto intento de “vaciamiento del patrimonio público”. También advirtió sobre el impacto que el proceso podría tener en el empleo, al señalar que Intercargo está vinculada a alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico.
El caso abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y los sindicatos del sector aerocomercial. Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso se ajusta a estándares internacionales, los gremios advierten sobre los riesgos de una eventual subvaluación y pérdida de control sobre servicios clave.