Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical, confirmaron la movilización del próximo martes 12 en Plaza de Mayo, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Rectores y rectoras nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, encabezaron esta noche una conferencia de prensa en la sede central de la entidad para ratificar la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12, desde las 17, en Plaza de Mayo, en rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.
Durante el encuentro hubo cuestionamientos a la postura de la gestión de Javier Milei, se destacaron los fallos judiciales favorables al sector universitario y se advirtió que las casas de estudios superiores en la Argentina atraviesan el momento de menor financiamiento de su historia. “Estamos en el punto histórico más bajo, que es 0,4% (del PBI). Aun aplicando la ley de financiamiento universitario, seguiríamos estando en el punto histórico más bajo”, sostuvo el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci.
En relación a la decisión del Ejecutivo de no acatar la postura del Congreso —donde el veto a la norma fue rechazado con amplia mayoría por las dos cámaras—, Bartolacci manifestó que el oficialismo “sigue sin dar respuestas” pese a los avances en la Justicia. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, insistió.
El conflicto judicial se inició en octubre de 2025, cuando el CIN y rectores nacionales presentaron un amparo contra el Estado nacional por el decreto que suspendía la aplicación de la ley. Dos meses después, en diciembre, el juez federal Martín Cormick dio lugar a una medida cautelar de urgencia solicitada por la comunidad universitaria en la que ordenó reconocer las actualizaciones salariales y de becas previstas en la norma. Bajo el lema del equilibrio fiscal, el Gobierno mantuvo su posición de rechazo al señalar que no establece la procedencia de los fondos y apeló la cautelar con el argumento de que equivalía a una “sentencia anticipada” irreversible.
Sin embargo, a finales de marzo de 2026 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la cautelar en favor de las universidades. La situación derivó en el incremento de acciones de fuerza gremiales y reclamos estudiantiles en lo que va del primer cuatrimestre de este año. En tanto, el Ejecutivo decidió llevar el caso a la Corte Suprema, donde solicitó que se expidan sus miembros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes son a la vez docentes universitarios en funciones o con licencia.
“Cuando el Ejecutivo decidió nuevamente no cumplir con la ley, hicimos lo que correspondía, fuimos a la Justicia y hoy tenemos fallos que ordenan ese cumplimiento por parte del Ejecutivo y aun así no tenemos respuesta”, explicó Bartolacci. Al respecto, pidió plasmar ese rechazo en las calles: “Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto”.
Además, Bartolacci advirtió que, desde 2023 hasta la actualidad, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%, situación que —según señaló— afecta de manera directa el funcionamiento de las universidades nacionales. En ese marco, expresó que el foco “más urgente y dramático” es el deterioro salarial del personal docente y no docente, junto con la falta de actualización de los programas de asistencia estudiantil.
El rector afirmó que las universidades agotaron las instancias institucionales y apuntó nuevamente a la Casa Rosada: “La Argentina le garantiza a cualquier joven la posibilidad de acceder a una formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción. Eso no puede ser nunca un problema”, planteó, al tiempo que comparó la inversión nacional con la de los países desarrollados: “Destinan más del 2% de su PBI al sistema científico y universitario. Y no lo hacen porque sean más generosos, sino porque son más inteligentes y saben que la sociedad del conocimiento es estratégica para poder crecer. Nosotros, en cambio, estamos en el punto histórico más bajo”.