Una nueva ley estatal impide que las empresas consideren la información crediticia al contratar, despedir o ascender empleados, con el objetivo de reducir barreras laborales.
A partir de este sábado, el estado de Nueva York implementa una nueva normativa que impide a los empleadores utilizar el historial crediticio como criterio en los procesos de contratación. La medida, firmada por la gobernadora en diciembre, se aplicará en todo el territorio estatal desde el 18 de abril de 2026 y marca un cambio en las reglas del mercado laboral.
La legislación no solo alcanza a las nuevas contrataciones, sino que también prohíbe el uso de información crediticia en decisiones relacionadas con despidos o ascensos dentro de una empresa. De este modo, el historial financiero de una persona deja de ser un factor válido para definir su acceso o permanencia en un empleo.
La ciudad de Nueva York ya había avanzado en esta línea con una prohibición similar aprobada en septiembre. Ahora, la normativa se extiende a todo el estado y establece que, fuera de ciertas excepciones, considerar el crédito de un candidato constituye una práctica discriminatoria.
Las excepciones contemplan situaciones específicas. Los empleadores podrán revisar el historial crediticio en casos donde el puesto requiera autorización de seguridad, esté vinculado a fuerzas del orden o implique responsabilidad financiera significativa, como la capacidad de cerrar acuerdos por más de 10.000 dólares. También se incluye a cargos con acceso habitual a secretos comerciales.
El director ejecutivo de RochesterWorks, Dave Seeley, explicó el impacto de esta medida en el acceso al empleo. “Las personas se enfrentan a importantes obstáculos para encontrar empleo. En algunos casos, un mal historial crediticio les impide alquilar una vivienda o conseguir un préstamo para un coche. Y eso reduce sus posibilidades de mantener un empleo”, afirmó Seeley.
Seeley agregó que existe una relación entre el historial crediticio negativo y factores sociales, como haber crecido en contextos de pobreza o pertenecer a comunidades históricamente desfavorecidas. En ese sentido, la ley busca reducir desigualdades estructurales que afectan a ciertos grupos de la población.
Seeley reconoció que el crédito no siempre representa el principal obstáculo, por detrás de antecedentes penales o problemas de consumo. Además, sostuvo que la nueva normativa puede mejorar las condiciones para quienes buscan insertarse en el mercado laboral.
La medida también apunta a modificar la forma en que las empresas evalúan a los candidatos. A partir de ahora, el foco deberá estar en las habilidades, la experiencia y el mérito de cada postulante, en lugar de su situación financiera.