La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad avanza con 19 procesados. Fiscales solicitaron nuevas indagatorias en un caso que involucra contrataciones de insumos para personas con discapacidad.
La causa judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por montos que superarían los 75.000 millones de pesos, continúa su curso con celeridad. Actualmente hay 19 personas procesadas y los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron al juez federal Ariel Lijo que autorice 29 nuevas indagatorias.
La investigación se inició tras la difusión de audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, donde se detallaba un presunto esquema de recaudación ilegal. En esas grabaciones se mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo «Lule» Menem, en relación a un supuesto porcentaje de coimas. Spagnuolo está procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según la fiscalía, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría desarrollado un esquema para direccionar contrataciones a un grupo específico de proveedores, con un perjuicio económico estimado de $75.478.149.019 para el Estado. Los insumos involucrados son prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos y sillas de ruedas motorizadas, destinados a personas con discapacidad o enfermedades graves.
Entre los procesados se encuentran Daniel Garbellini, ex responsable de compras de la ANDIS, y el lobista Miguel Ángel Calvete, quien, según la investigación, manejaba adjudicaciones desde fuera del organismo. En la casa de Calvete se hallaron cuadernos que funcionaban como registros internos de la operatoria, con nombres de empresas, montos y cálculos de diferencias.
Recientemente se incorporaron nuevos audios a la causa. En uno de ellos, atribuido a Pablo Atchabahian, se escucha: «Estamos todos alineados, hay que cerrar filas», mensaje interpretado como una alerta interna. Otro audio, atribuido a Claudio Kahn de la Ortopedia Alemana, hace referencia a la organización de pagos y dificultades para conseguir dólares.
Los fiscales sostienen que más de 20 empresarios con más de 30 firmas habrían integrado el entramado, lo que sugiere una escala considerable de las operaciones investigadas. Entre los citados a indagatoria aparecen integrantes de las familias Sagués y Bernat, indicando que, en algunos casos, el negocio de proveer insumos a la ANDIS habría sido una empresa familiar.
El magistrado Ariel Lijo deberá ahora resolver sobre el pedido de ampliar las indagatorias, en una causa que continúa sumando elementos probatorios.
