La salida de la colección privada a España y su gestión por parte del Banco Santander generan debate sobre la protección del patrimonio artístico nacional, declarado monumento histórico.
En México se ha abierto un debate sobre el destino de la Colección Gelman, un acervo privado de unas 300 piezas de arte moderno mexicano del siglo XX, que incluye obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo y José Clemente Orozco, entre otros. Muchas de estas obras cuentan con la declaratoria de «monumento artístico», un instrumento legal que las protege.
La polémica surgió tras conocerse un acuerdo entre el nuevo propietario de la colección, la Fundación Santander y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) para que el banco gestione el acervo desde su espacio cultural «El Faro Santander» en España. Esto generó preocupación en sectores de la cultura y el patrimonio, que exigen transparencia sobre los términos del convenio y cuestionan la posible salida prolongada de las obras del país.
Las autoridades culturales mexicanas han señalado que el papel del Santander es únicamente de apoyo en la gestión y que las obras protegidas por la declaratoria de monumento artístico están sujetas a la supervisión del Estado, independientemente de su dueño. Sin embargo, declaraciones de representantes del banco sobre una «presencia permanente, pero dinámica» en España y un «depósito a largo plazo renovable» han alimentado la controversia.
Expertos, críticos de arte e intelectuales firmaron un petitorio reconociendo el derecho privado sobre la colección, pero remarcando que el destino de las obras declaradas monumento «atañe a todos». Señalan que la ley obliga a los poseedores de tales obras a rendir cuentas al Inbal sobre su estado y localización, y a solicitar permisos para su préstamo o venta al extranjero.
Tras el escándalo, el envío de las obras a España fue aplazado. Actualmente, parte de la colección se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México. El debate continúa, centrado en la interpretación del acuerdo, la aplicación de la ley de protección patrimonial y la transparencia de las gestiones involucradas.