Tras la aprobación de la reforma en Diputados, grupos ambientalistas anunciaron una acción judicial para declarar su inconstitucionalidad, mientras el oficialismo defiende el equilibrio entre protección y desarrollo.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, introduciendo cambios en el régimen de protección de estas zonas y del ambiente periglacial. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace anunciaron que presentarán una demanda judicial para declarar la inconstitucionalidad de la modificación, a la que califican como un retroceso en la protección de reservas de agua.
Entre los principales cambios de la reforma se encuentran: una delimitación más acotada del concepto de ambiente periglacial, la habilitación de ciertos proyectos mineros e infraestructura en zonas que antes tenían mayores restricciones, la actualización del Inventario Nacional de Glaciares con criterios que podrían excluir cuerpos de hielo menores, y un mayor margen para que las provincias autoricen actividades en sus territorios.
Desde el oficialismo y gobernadores de provincias cordilleranas, se sostiene que la reforma busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo, corrigiendo distorsiones de la normativa anterior que, a su juicio, generaba trabas excesivas para las inversiones. Argumentan que la protección de los glaciares no se elimina y que se fortalece el federalismo ambiental, otorgando a las provincias un rol central en la gestión de sus recursos naturales, tal como establece la Constitución.
En cambio, las organizaciones ambientalistas, científicos y asambleas ciudadanas critican duramente la modificación. Señalan que reduce áreas protegidas y habilita actividades extractivas en zonas sensibles, lo que podría afectar el equilibrio hídrico de regiones enteras y comprometer el acceso al agua en un contexto de crisis climática. Consideran que los cambios contradicen el espíritu de la ley original de 2010.
Frente a este escenario, las organizaciones impulsan una estrategia judicial y convocan a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva de gran escala, argumentando que se vulnera el derecho a un ambiente sano. El debate promete continuar tanto en los tribunales como en la arena política, tensionando los ejes de desarrollo económico, autonomía provincial y protección ambiental.