Un informe advierte que la reforma laboral y las leyes de educación universitaria y discapacidad generarían un impacto negativo de hasta 0.75% del PBI. El Gobierno confía en compensarlo con menores subsidios, ingresos por privatizaciones y ajuste salarial público.
El equilibrio fiscal se mantiene como un pilar central del programa económico del Gobierno. Sin embargo, un análisis de la consultora PwC señala que tres iniciativas legislativas podrían ejercer presión sobre la meta oficial de alcanzar un superávit primario del 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) este año.
Según el informe, la reforma laboral reciente implica un costo fiscal de base del 0.15% del PBI, que podría ampliarse al 0.18%. A esto se suman otras dos leyes sancionadas en 2025: la de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, con un costo estimado del 0.23% del PBI, y la de Emergencia Nacional en Discapacidad, con un impacto estimado entre 0.25% y 0.48% del PBI. Ambas normas enfrentan incertidumbre en su implementación plena, ya que se encuentran judicializadas o el Ejecutivo evalúa contrapropuestas.
«Sumando el costo directo de la reforma laboral y estas dos leyes, el impacto fiscal negativo acumulado podría alcanzar aproximadamente 0.75% del PBI en 2026», indica el estudio.
Frente a este escenario, el análisis identifica factores compensatorios que permitirían sostener la meta fiscal. El principal es la reducción del gasto en subsidios energéticos, que viene disminuyendo aproximadamente medio punto del PBI por año. En segundo lugar, se destacan los ingresos extraordinarios por privatizaciones y concesiones, que podrían rondar el 0.25% del PBI. Como tercer factor se menciona la reducción del gasto en salarios del sector público, aunque con un margen de ajuste más limitado estimado en un 0.1% del PBI para 2026.
«En conjunto, estos tres factores generan un impacto fiscal positivo de hasta 0.85% del PBI, suficiente para compensar la mayor presión del gasto», concluye el informe de PwC.