Información oficial revela préstamos otorgados a integrantes del equipo económico y legisladores oficialistas. La entidad bancaria asegura que se cumplieron todos los requisitos habituales.
Datos de la Central de Deudores del Banco Central dieron a conocer una serie de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas, con montos que en los casos más altos alcanzan los 350 mil dólares.
Según la información, entre los beneficiarios figuran integrantes del equipo económico y dirigentes de La Libertad Avanza. Desde el banco público sostuvieron que todos los préstamos se otorgaron cumpliendo los requisitos habituales y que no hubo excepciones en el proceso. Explicaron que estos créditos se enmarcan en su política crediticia y que una gran parte de los préstamos hipotecarios del país son otorgados por esa entidad, en parte porque administra las cuentas sueldo de empleados estatales. Además, remarcaron que el análisis de ingresos y capacidad de pago —conocido como ‘scoring’— se aplicó de la misma manera que en cualquier otro caso.
Entre los créditos más altos aparecen Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE. En ambos casos, los montos equivalen a unos 350 mil dólares al momento de la adjudicación. También figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un préstamo equivalente a 276 mil dólares; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un crédito de más de 200 mil dólares; y Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la comunicación oficial, con unos 77 mil dólares.
La lista incluye además a varios diputados oficialistas. Entre ellos, Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con créditos que van desde los 200 mil hasta los 240 mil dólares. También se suman otros legisladores con montos cercanos a los 145 mil dólares.
Desde la oposición, sin embargo, pidieron mayor transparencia. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para que el banco informe si existieron condiciones especiales, posibles conflictos de interés o trato preferencial hacia funcionarios. El reclamo también apunta a conocer si hubo controles de organismos como la SIGEN y si el Banco Central detectó posibles irregularidades en la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas. El tema generó debate sobre el acceso al crédito en el sector público y la necesidad de garantizar igualdad de condiciones.