La «voracidad fiscal» de Rentas de Misiones abre un nuevo frente judicial. Según se conoció, la firma agropecuaria Abra del Sol SRL, con sede en Orán (Salta), inició una denuncia penal contra las autoridades de la Dirección General de Rentas de Misiones (DGR) por los delitos de exacciones Ilegales y Abuso de Autoridad.
El conflicto se remonta a 2023, cuando la hiperinflación se expandía y, a través de los bancos que operan por su cuenta y orden, la provincia de Misiones aplicó percepciones bancarias que alcanzaron un monto cercano a los 100 millones de pesos. La empresa, dedicada a la producción y comercialización de frutas y hortalizas en todo el país, decidió accionar en tres frentes: solicitar el certificado de no percepción para frenar las detracciones, reclamar la devolución de lo retenido y promover la vía penal contra el fisco provincial.
Choque en el Puente General Belgrano: la defensa del camionero aseguró que no hubo consumo de drogas
Avances judiciales y expectativas
Las gestiones administrativas sólo lograron frenar las retenciones, pero no consiguieron la devolución de los fondos. Sin embargo, esta semana la causa penal tomó un rumbo decisivo: la Justicia Penal de Salta aceptó dar curso al expediente y los responsables de Rentas de Misiones podrían ser citados a juicio.
Consultado por iProfesional, el abogado de la empresa, José Viola, expresó: “Estamos con muchas expectativas de que este proceso pueda llevarse adelante y que los responsables sean sancionados con una pena ejemplar”. Y agregó: “Es un hecho público y notorio los excesos del fisco misionero, y estos excesos no son inocuos sino que tienen consecuencias en el Código Penal”.
La Cámara anuló la multa millonaria contra el Gobierno chaqueño por la asistencia a comunidades originarias
Un caso que marca precedente
El caso de Abra del Sol SRL genera impacto en el sector productivo, ya que expone el riesgo de medidas fiscales discrecionales aplicadas por las provincias a empresas radicadas en otras jurisdicciones. Productores y especialistas advierten que estas prácticas generan inseguridad jurídica, desalientan la inversión y afectan la competitividad del interior productivo.
En este sentido, la denuncia penal podría marcar un precedente clave en la relación entre empresas y fiscos provinciales, especialmente en un contexto donde la presión impositiva es uno de los principales reclamos de los sectores productivos.