Este lunes 28 de julio de 2025 se realizará la audiencia en la cual la jueza Sandra Liliana Heredia anunciará formalmente el contenido de la sentencia respecto al proceso penal por fraude procesal y soborno a testigos del que es acusado Álvaro Uribe Vélez.
Los antecedentes y el proceso judicial
Este juicio tuvo sus inicios en 2012 cuando Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, expresó en el Congreso su sospecha de la implicación del expresidente en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); Uribe respondió demandando a Cepeda por calumnia agravada y fraude procesal.
La Corte Suprema de Justicia abordó el caso por cuatro años; además de no encontrar pruebas contra Cepeda y archivar el caso, encontró pruebas en contra de Uribe. Aunque Uribe afirmó que jamás renunciaría al Senado para evitar la jurisdicción de la Corte, esto fue precisamente lo que hizo en agosto de 2020 luego de que la Corte ordenara su detención domiciliaria preventiva.
Así su caso pasó a la justicia ordinaria, por lo que una jueza ordenó su libertad y la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente. El escrito de acusación fue elaborado por Gilberto Iván Villarreal y radicado por la Fiscalía General de la Nación, en manos de Francisco Roberto Barbosa, quien tenía como intención que de tener que acusar, se acusara mal para establecer un límite y un techo frente a lo que se podía hacer en el proceso. Queda en evidencia cómo desde esta institución del régimen se hizo todo lo posible para proteger y encubrir a Uribe, y de ahí en adelante han hecho todo, incluso más allá de los límites legales como señala el abogado Miguel Ángel Del Río, para lograr la preclusión.
Por ello, los abogados defensores de Uribe solicitaron en dos ocasiones el cierre del caso, lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 otra fiscal decidió acusarlo y el juicio comenzó este año, donde la principal estrategia de la defensa han sido las maniobras dilatorias como se evidenció en los juicios transmitidos en vivo desde febrero, en paralelo al juicio de Diego Cadena quien fuera abogado de Uribe y actuó bajo sus instrucciones.
¿Qué relevancia tiene el juicio de Uribe?
Cabe resaltar que, respecto a la acusación contra Álvaro Uribe, la Corte planteó la figura de “determinador” –persona que organiza y pone en funcionamiento su plan, no un plan de terceros. Tiene una posición jerárquica de poder y dominio sobre los demás– en vez de “coautor” –los aportes se dividen entre los involucrados–.
La relevancia que este juicio tiene para la clase trabajadora y los sectores populares colombianos no se reduce a que puede convertirse en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, sino en la ilusión de justicia frente a un personaje que representa a los terratenientes y en general al sector más reaccionario de la burguesía, que ha defendido los intereses de la lumpen burguesía –de la cual hace parte– y ha garantizado la completa subyugación al imperialismo estadounidense.
Con seguridad el imperialismo y el gobierno de Trump han actuado para defender a Uribe; tal como abierta y ramplonamente intentan defender al golpista Bolsonaro de Brasil. El senador colombo-norteamericano del Estado de Ohio por el Partido Republicano Bernie Moreno –sobrino del colombiano Roberto Moreno Mejía, fundador de la constructora Amarilo, y hermano de Luis Alberto Moreno, exembajador en Washington durante los gobiernos de Andrés Pastrana y el mismo Álvaro Uribe, y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– afirmó que el juicio contra Uribe “es un camino muy peligroso para quien debería ser uno de los principales aliados de los Estados Unidos en Latinoamérica”. Además, Álvaro Uribe Vélez ha sido figura central en múltiples crímenes de lesa humanidad y ataques contra la clase trabajadora y los sectores populares; desarrollando políticas y planes directamente respaldados por los distintos gobiernos de Estados Unidos. Así:
- siendo gobernador impulsó las Convivir, que sirvieron como base legal para la expansión del paramilitarismo, estando además ligados familiares suyos y funcionarios de su gobierno con las AUC y con masacres como la de El Aro que estuvo relacionada con el rescate de Mario Uribe Escobar primo de Álvaro Uribe.
- por medio de la Seguridad Democrática y operaciones militares como Mariscal y Orión, impulsó la política del enemigo interno enfocada en las guerrillas y el movimiento de masas, y la política contrainsurgente que dio vía libre a la militarización de la vida civil, la persecución a organizaciones, la criminalización de la protesta e incluso la destrucción de organizaciones de la clase trabajadora, pues estigmatizó y persiguió a opositores, defensores de DDHH, periodistas y sindicalistas bajo la narrativa de que estos eran auxiliadores o colaboradores del terrorismo. Por otro lado, la Seguridad Democrática incentivó ejecuciones extrajudiciales, como las 6402 que ha documentado la JEP, pues la presión desde los altos mandos para aumentar las bajas motivó a secuestrar y asesinar civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
- durante su gobierno (2002-2010) el desplazamiento forzado creció exponencialmente, facilitando el despojo de tierras –según cifras de ACNUR CODHES más de 3 millones de personas fueron desplazadas en medio de enfrentamientos en zonas de conflicto vinculadas a intereses económicos como la minería y la palma aceitera, en las cuales participaron paramilitares y fuerza pública–. Además, promovió la inversión privada en zonas rurales con fuerte presencia paramilitar; muchas tierras despojadas terminaron en manos de grandes empresarios o agroindustriales aliados al modelo de seguridad del gobierno.
- en 2002 impulsó la Ley 789, una contra reforma laboral que extendió la jornada diurna pagando el recargo nocturno solo a partir de las 10 pm, incrementó la flexibilidad laboral y promovió la tercerización, creciendo además el empleo informal y la precariedad.
¿Habrá justicia?
Desde las primeras polémicas en que ha estado implicado Uribe, las víctimas y el pueblo colombiano en general ha estado entre la esperanza de justicia y el pesimismo de que todo siga en impunidad, durante este juicio no ha sido la excepción. Mientras una parte de la población celebra el proceso como máximo triunfo, otra duda que llegue a haber condena partiendo de la experiencia de inoperancia, revictimización e impunidad por parte de la justicia colombiana, y advierte que de haber condena, estos delitos menores se penalizan con cárcel entre 6 y 12 años, pero es improbable que la pena supere los 8 años por lo cual tendría el privilegio de casa por cárcel, evidenciando una vez más que la prisión y las sentencias dictadas por la justicia burguesa son un arma de dominación de clase y no una herramienta para garantizar la verdad, reparación y no repetición, siendo los grandes empresarios y los dirigentes del régimen quienes tienen todo a su favor.
Una sentencia condenatoria en primera instancia es un pequeño triunfo en una larga batalla que aún continúa, por un lado, en el ámbito judicial, pues la defensa puede apelar, pero más importante aún en el ámbito político y de la lucha de clases. Es por lo anterior que promovemos seguir los pasos de las y los sobrevivientes a la dictadura en Argentina, cuyos tribunales civiles condenaron un genocidio cometido por su propio Estado, condenando incluso a seis veces más represores (más de mil condenados) que los 150 genocidas Nazis condenados después de finalizada la segunda guerra mundial.
Esta experiencia de lucha nos enseña que no podemos simplemente llamar a defender y respetar la independencia y autonomía de la rama judicial del Estado burgués como lo hace el gobierno de Petro, pues al igual que en Argentina, las instituciones del régimen promoverán la impunidad y el olvido sin reparación. Debemos presionar por medio de la movilización y la protesta para que se logre la máxima sentencia y no conformarnos con migajas, al tiempo que avancemos en fortalecer las organizaciones de nuestra clase y seguir luchando por verdadera justicia, hasta lograr la consolidación de un Tribunal Popular compuesto por las víctimas, único organismo que realmente podría dar un juicio y veredicto, juzgando no sólo a Álvaro Uribe Vélez sino también a todos los que dieron y ejecutaron las órdenes.
¡Exigimos máxima condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal
y soborno a testigos! ¡Que sea enjuiciado por todos sus crímenes!
¡Exigimos cárcel común para Uribe y todos los responsables de terrorismo de Estado!
¡No más casa por cárcel para los genocidas!
Rechazo enérgico a cualquier intromisión del gobierno de Trump
en los procesos judiciales del país.
¡Por la apertura de todos los archivos del terrorismo de Estado y de las chuzadas del DAS!
¡Exigimos que se abra la investigación del proceso de desmovilización de Justicia y Paz!
¡Que se abran investigaciones de las políticas de Uribe siendo gobernador y presidente!
¡Que avancen las investigaciones por nexos y participación de Uribe
en grupos paramilitares!
¡Levantemos un Tribunal Popular compuesto por las víctimas que juzgue
a Álvaro Uribe Vélez por sus crímenes de lesa humanidad!
Por: Dirección Nacional Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Bogotá / Medellín, 27 de julio de 2025
Artículo publicado originalmente en https://eltrabajadorsocialista.org/