El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, confirmó este viernes la intención del Ministerio de Economía de avanzar con la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta y extra alta tensión.
La participación del Estado en Transener se da a través de la empresa controlante Citelec, que posee el 51% de las acciones de la compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener S.A.). A la vez, la propiedad de Citelec está dividida en mitades entre Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Energía Argentina (ex Enarsa), otra de las tantas empresas que la gestión libertaria incluyó en la lista de compañías pasibles de ser privatizadas que obra en la Ley Bases.
Según detalló González en un evento realizado hoy por el Día del Petróleo, el primer paso para avanzar en la privatización de Transener sería la transferencia a manos privadas de las acciones que Energía Argentina tiene en Citelec.
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Para ello, señaló, ya hay conversaciones con algunos grupos económicos interesados en quedarse con ese paquete accionario. Ello se da al mismo tiempo en que la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó una normativa a medida para facilitar esa operación.
El 49% del capital de Transener que no controla Citelec se distribuyen entre el 19,57% que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); y el 27,78% de las acciones que flotan en la Bolsa y están al alcance de cualquier inversor. En 2024, el precio de esos papeles se disparó más de 110%.
En la actualidad Transener opera una red nacional que incluye cerca de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión de alta tensión.
Acuerdo con Chevron
Daniel González anticipó además que se aflojará el cepo al dólar para las empresas petroleras mediante la plena vigencia a partir del año que viene del decreto 929 que en 2013 se aprobó para facilitar la disponibilidad de divisas a la empresa Chevron, luego del acuerdo entre esa compañía e YPF, durante el gobierno de Cristina Kirchner. El entendimiento buscaba impulsar la explotación de Vaca Muerta, pero tenía una gran cantidad de cláusulas confidenciales que generaron reclamos ante la Justicia.
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Las empresas del sector que hayan invertido en el país más de 250 millones de dólares entre 2013 y 2016, podrán exportar el 20% de su producción sin pagar impuestos sobre ese total y mantener en el exterior los dólares generados por esas ventas. González resaltó que el Estado quiere mostrar que cumple con los acuerdos preexistentes y con sus obligaciones.
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