Los dueños y autoridades de la comunidad terapéutica Resiliencia San Fernando del Partido de Pilar fueron condenados a penas de entre 18 y 35 años de prisión por la muerte de cuatro usuarios del sistema de salud mental tras un incendio en el lugar. La sentencia sienta un importante precedente en este tipo de casos ya que también fueron condenados por «asociación ilícita» y «reducción a la servidumbre» en un juicio que ventiló el modo en que la comunidad captaba a los chicos vulnerables, los hacía vivir y trabajar hacinados y los sobremedicaba para mantenerlos allí: «Los inyectaban y dejaban en un estado casi de inconsciencia«, se escuchó en los testimonios del juicio.
Emanuel Cambra, Eliana Wawric, Alejandra Machado y Alejandro Merenzon son los nombres de las cuatro personas condenadas este viernes por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de San Isidro, conformado por Marcela López Ramos, Pablo Rolón y Silvestre Díaz. En su calidad de máximo responsable del lugar, Cambra recibió la pena de 35 años, la más alta de las cuatro, por los delitos de «incendio doloso seguido de muerte cometido con dolo eventual, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas«.
Wawric, vicedirectora del lugar, y Machado, administrativa y exesposa de Cambra, fueron condenadas por los mismo delitos pero con menores penas: Wawric recibió 25 años de prisión y Machado 20. Por el lado de Merenzon, director de admisión de Resiliencia San Fernando, la pena fue de 18 años por los delitos de asociación ilícita, estafas y tenencia de armas. También estaban imputados el psiquiatra y la psicóloga de la comunidad pero el tribunal decidió absolverlos por el beneficio de la duda.
El principal hecho por el que los responsables fueron condenados es el incendio ocurrido en el lugar la mañana del 22 de febrero de 2022. Allí, cuatro personas perdieron la vida tras inhalar monóxido de carbono y ácido cianhídrico: José Nahuel Castaño (22 años), Nicolás Claudio Ortiz (24), Nicolás Ezequiel Bisbal (37) y Rodrigo Ariel Moreno (25). Dormidos y sobremedicados, en condiciones de explotación, ninguno de los cuatro pudo escapar a tiempo del incendio.
Durante el desarrollo del juicio se escucharon diversos testimonios de sobrevivientes del hecho y exusuarios del lugar que recostruyeron la situación en la que vivían y que derivó en el desenlace fatal: «Nos trataban como si fuéramos un perro«, «era tan miserable todo que dormían en el piso en un lugar lleno de telarañas«, «lo mandaban a perseguir a los chicos que se escapaban, los inyectaban y dejaban en un estado casi de inconsciencia”, fueron algunas de los testimonios de los usuarios que consignó la Agencia Andar de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en el juicio en carácter de particular damnificado institucional.
Desde la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), que representó con su abogada Magalí Ledesma a tres de las familias, destacaron en este sentido que «es la primera vez en la historia de Argentina que son condenados por reducción a la servidumbre directores y administrativos de una comunidad». Para el periodista Pablo Galfré, coordinador de la UIP, ese punto es el más importante de la condena: «Esto tiene que ser un mensaje para todas las comunidades porque los usuarios no tienen por qué trabajar para ellos», advirtió Galfré, que desde hace años investiga la trama de este tipo de comunidades, sobre las que escribió el libro La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación.
El periodista detalló a Página 12 cómo es la vida cotidiana en buena parte de esos lugares, con los usuarios cargándose al hombro el día a día de su supervivencia: «Se tienen que levantar a las siete de la mañana, preparar el desayuno, el almuerzo y la cena para cincuenta personas, limpiar toda la institución desde los quinchos hasta el tanque del agua, y todo esto es dinero que se ahorran para llenarse de guita a través de este sistema cruel», alertó y agregó que, en el caso de Resiliencia San Fernando, los usuarios eran sometidos incluso a realizar tareas para fines comerciales de sus dueños: «los hacían empaquetar leche en polvo para vender afuera«. Las más macabras, sin embargo, son las tareas que tenían que realizar hacia sus propios compañeros: «Hacer de guardias de seguridad, medicar y hasta ir a secuestrar a sus propios compañeros cuando se van», sostuvo el coordinador de la UIP.
La UIP subraya que en Resiliencia San Fernando había 26 personas internadas en tres habitaciones con tres camas marineras cada una. Los otros ocho internos dormían en otras dos camas marineras, una cama y dos colchones tirados en el piso del quincho. Desde la CPM indicaron que, al momento del incendio, «el edificio no poseía ningún matafuego ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios». Las condiciones de los internos también fueron graficadas por el fiscal de instrucción de la causa, Germán Camafreitas, en su pedido de detención de los acusados: «Las víctimas permanecieron medicadas y encerradas, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada».
Otro de los puntos destacados por ARDA es la condena a Merenzon, un personaje que en conjunto con la CPM venían siguiendo y denunciando desde hace más de una década por su participación en esta y otras comunidades. Señalado como «captador» y por su sombría participación en otras muertes dudosas en comunidades como la Matías Lamorte o Franco Ruiz Díaz en San Antonio o Ezequiel Ibarra, ahogado en la pileta de la propia Resiliencia San Fernando. «Hasta ahora ni la Justicia ni el Estado argentino o provincial habían hecho nada con él. Nosotros no buscamos cárcel porque el encierro no cura, pero esta persona tenía que cesar de alguna manera. Lo que buscamos es que dejen de secuestrar a usuarios de drogas y torturarlos«, cerró Galfré.