El Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía derogó normativas que lo habilitaban para fijar precios, garantizar el abastecimiento del mercado interno y solicitar a las empresas información sobre la estructura de costos.
El Palacio de Hacienda, a cargo de Luis Caputo, anunció este martes la medida que dio de baja 43 normas regulatorias “con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos”, según justificaron desde Economía. Sin embargo, entre las principales reglamentaciones eliminadas se encuentran los controles en la carne vacuna, alimentos lácteos, comercios, grandes supermercados, servicios de comunicación y farmacias, todas normativas establecidas para proteger el consumo interno.
Mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio quedó finalmente oficializado lo que venía ocurriendo de hecho: la desregulación de los precios, principalmente en alimentos y tarifas. Tal como lo fundamentó el Gobierno: “al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido”.
Además, se eliminó una regulación que «afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos», ya que «exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación», informaron desde la cartera.
A partir de la fecha deja de existir la regulación sobre el precio de la carne vacuna, que fijaba topes máximos para toda la cadena, es decir tanto minorista como mayorista, con el objetivo de proteger los bolsillos de los consumidores y priorizar el mercado interno.
Tampoco funcionará el registro de industrias elaboradoras de bienes finales lácteos que obligaba a los inscriptos a acordar precios con el Gobierno Nacional, ni las operaciones de comercialización de papel para diario que debían efectuarse por un precio igualitario, ni la obligatoriedad para que las instituciones educativas de gestión privada brinden información sobre costos laborales y aranceles.
También entraron en desuso el programa Precios Justos, las normas sobre las operaciones de comercialización del servicio de televisión paga que establecían pautas fijadas por el Estado, la obligatoriedad para que las farmacias de todo el país exhiban listas visibles de los productos alcanzados por una bonificación especial del 30 por ciento.
En este sentido, en el comunicado oficial sintetizaron el manejo del Estado libertario: “las normas que establecen acuerdos y controles de precios generan distorsiones en el mercado y, consecuentemente, son perjudiciales para la consolidación de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia; a su vez, no coinciden con el objetivo de promover la simplificación y desburocratización de los vínculos entre el sector privado y la Administración Pública Nacional”.
Asimismo, el documento justifica la eliminación de programas ya que «no están alineados con las políticas de simplificación» que impulsa la actual gestión. Entre los que el Gobierno considera obsoletos figuran el aporte de $0,15 del Estado en concepto de compensación a las industrias lácteas por cada litro de leche para mantener el precio en el consumo interno, los programas de estímulo al pequeño productor de granos, al sector aceitero y Mercado en tu Barrio, entre otros, vinculados al fomento productivo y a la protección de los ingresos de los trabajadores.
Finalmente, desde Economía afirmaron que la iniciativa tiene por objetivo dejar sin efecto las «exigencias que limitan la libre competencia y obstaculizan las relaciones comerciales».
Primero eliminaron 107 reglamentaciones entres las que se encuentran las licencias automáticas y no automáticas para el Comercio Exterior y ahora le sumaron la baja del programa Precios Cuidados y el SIPRE en el Comercio Interior, herramientas que tenía el Estado como intermediador entre las empresas y los consumidores para regular precios.
El «modelo de la libertad» que pregona Javier Milei, como lo caracterizó su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se podría resumir en la respuesta de Luis Caputo, hace pocos días, ante la consulta de un usuario en X por el aumento de las tarifas de telefonía móvil: «Son decisiones de empresas privadas José. Es importante que demos pelea como consumidores. Yo tengo Claro en telefonía, y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho».
Consultorías de funcionarios en redes sociales, consumidores desamparados y empresarios destinados a sobrevivir en la selva del libre mercado y de la apertura económica radical.